El lastre del consenso, en forma de precariedad moral e inseguridad intelectual, impide la elevación de las disposiciones políticas por medio de la razón y la libertad. El consenso, fuerza aglutinante de los que dirigen, se corresponde con el gregarismo de los que son dirigidos. Esta primitiva y esterilizadora concepción política suspende el raciocinio diversificador en aras de la unidad de destino de las voluntades oligárquicas. Al desprendernos de tamaña rémora, situaremos los asuntos públicos sobre el noble y vasto territorio de la Democracia.

 

El lehendakari continúa con su plan soberanista; Artur Mas proclama el derecho de los catalanes a la autodeterminación; y el Sr. Montilla, tras reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica, puesto que Cataluña “ya no puede esperar más”, afirma que “si España deja de interesar y convenir a todos no será de todos”. Ante semejante escalada centrifugadora, la elección directa del poder ejecutivo o presidencialismo resulta indispensable. No sólo porque privaría a los profesionalizados muñidores del Poder, de las componendas parlamentarias que ofician el entierro de la separación de poderes, sino también, porque devolvería al nacionalismo, regionalismo y aldeanismo políticos a sus correspondientes reductos.

 

El particularismo étnico-lingüístico, conforme a su inviabilidad estatal, se autoexcluiría de las elecciones presidenciales; lo que representaría un gigantesco avance con respecto a la presión que ejercen los poderes periféricos sobre el Gobierno central, merced a la proporcionalidad asimétrica (la simétrica es una entelequia indeseable) del nefando régimen electoral vigente.

 

Con un sistema presidencialista, los aspirantes a la obtención del poder ejecutivo serían aquellos que concitasen un apoyo significativo, es decir, nacional. Con unos medios parejos de difusión y defensa de los programas políticos, se irían configurando las opciones más interesantes para la sociedad civil, que antes de su convocatoria electoral delimitará las candidaturas que puedan entrar seriamente en liza; en cualquier caso, será la propia ciudadanía la que definirá el número y características de aquéllas, y no una oligarquía de partidos que constituye híbridos estatales de gobernantes seminacionales y gobernadores nacionalistas.

 

Desde el punto de vista de las ideas, la crisis del partido popular es, sólo formalmente, una disputa entre la socialdemocracia y el liberalismo. El partido popular, un típico catch-all party, es socialdemócrata conforme a las exigencias del consenso que sustituyó al Movimiento. El Movimiento, sustituido por la ideología socialdemócrata en la que veía la Monarquía, tomando como ejemplo las Monarquías nórdicas, la posibilidad de afirmarse, se “pluralizó”. UCD era ya socialdemócrata y el problema consistió en construir un partido socialista capaz de sucederle, para mediante una evidente “pasada por la izquierda” legitimar la Monarquía para el consumo interno y de cara a la Europa socialdemócrata. El minúsculo partido socialista interno, que había desbancado en Suresnes al histórico, republicano y anticomunista, se nutrió fundamentalmente de la burocracia del Movimiento y del régimen anterior, empezando por la que se había agrupado en UCD, oportunamente autodestruida para nutrir el partido socialista y dejarle paso. La socialdemocracia empezó a reinar en España conjuntamente con la Monarquía.

 

Algunos liberales estuvieron en UCD y luego en alianza popular o el partido popular, al que afluyó la democracia cristiana –socialdemócrata de “derechas”- que dio el tono a ese partido.  Se acomodaron a la socialdemocracia ya que en el partido popular sólo hay  liberales a título personal, pues todos son estatistas. Unos menos y otros más, y adictos a la Monarquía que impuso el régimen socialdemócrata, es decir el consenso. Se trata, pues, de una disputa interna por el poder en vista del rotundo –y ridículo- fracaso del partido en las últimas elecciones y el cansancio de un electorado harto de verse traicionado por su política de consenso.

 

El liberalismo no es otra cosa que la antigua doctrina tradicional de que siendo el hombre un ser ontológicamente libre, la libertad política es incondicionada y, por ende, el gobierno ha de ser limitado: lo que se llama el gobierno bajo el imperio de la ley, que quizá fuese mejor decir sometido al Derecho. Como precaución sine qua non, exige que el gobierno sea representativo –el resultado del libre ejercicio de la libertad política- y, si hay Estado, que los llamados tres poderes, el legislativo el ejecutivo y el judicial, estén claramente separados. Su concepción de la forma de gobierno es, de acuerdo con la libertad política, republicana.

 

Por otra parte, en realidad, el Estado con su soberanía político-jurídica plantea un grave problema, y el liberalismo, incompatible con esa teoría, según la cual el Derecho lo hace el soberano, es antiestatista.  Pues aquel no es propiamente Derecho sino Legislación, ya que lo que puede llamarse la soberanía jurídica, origen del Derecho, pertenece al pueblo, no al Estado, que se la ha usurpado. De ahí que en Inglaterra y Estados Unidos, donde no existe propiamente un Estado, el liberalismo sea distinto confundiéndose con el conservadorismo.

Las asociaciones judiciales denuncian como una de las causas del caos de la Administración de Justicia la descoordinación entre la Fiscalía y los Órganos Jurisdiccionales. Nuevamente se reduce la problemática a la simple solicitud de más medios técnicos en lugar de afrontar decididamente las precisas reformas institucionales. La configuración de la fiscalía como estructura jerárquica, en cuya cúspide se sitúa a un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno fuera de la propia estructura del Poder Judicial, es la verdadera culpable de tal descoordinación y no la precariedad de medios técnicos. Si a ello unimos la voluntad política ya manifestada de sustraer las competencias instructoras al Juez para atribuirlas al fiscal, la imposibilidad del conocimiento judicial de la información eficaz referida al proceso, resulta inevitable.

 

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene la finalidad de asegurar aún más el control político de la investigación delictual a través del comisariado político que hoy en día es la Fiscalía General del Estado. Sacrificar las garantías judiciales de objetividad e independencia no preocupa al poder político mientras se garantice el control absoluto de la vida judicial.  

 

Sin embargo, sólo la unidad de las carreras fiscal y judicial garantizan la integridad de la función jurisdiccional y el intercambio eficiente de la información. La prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. No olvidemos que en el Derecho español, al contrario, por ejemplo, que en el Norteamericano, el fiscal no es un mero acusador sino un defensor imparcial del derecho que debe apreciar y manifestar al juzgador, si existen, las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal.

 

Únicamente la integración de magistrados y fiscales como cuerpo único en el órgano de Gobierno de los Jueces, dependiendo exclusivamente del mismo, alejaría de injerencias políticas la función fiscal y permitiría un conocimiento exhaustivo de las circunstancias particulares de cada proceso. Claro que para que para ello, se necesita transmutar el actual Consejo General del Poder Judicial en un auténtico Órgano de Gobierno separado del poder político, autónomo e independiente tanto en su propia designación como presupuestariamente.